El 5 de julio de 2009 Ramón Custodio, el comisionado de Derechos Humanos de Honduras, asegura que en ese país no hay presos políticos y le enfatiza a la prensa en varias alocuciones que Honduras no tiene un solo detenido político, que la única persona con orden de captura en este sentido era el presidente derrocado Manuel Zelaya y que éste, en caso de aparecer en territorio hondureño recibiría todas las garantías y el debido proceso que establece la ley.
Lo extraño es que para el 14 de agosto del mismo año, un mes después de lo dicho por Ramón Custodio, la cifra de presos políticos asciende a 24, entre los que se cuentan hombres y mujeres. Todo esto durante el gobierno facto hondureño de Roberto Micheletti, quien pese a no ser reconocido por ningún país, gestiona casi normalmente los asuntos de la nación un mes y medio después del golpe de Estado del 28 de junio en el que fue destituido Zelaya.
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