Cuando se habla de asesinatos, de violaciones o de abusos sexuales a niños, el debate en la calle casi siempre tiene una respuesta parecida: cadena perpetua, que los maten, que se la corten…
Yo mismo, siendo sobreviviente de abusos sexuales en la infancia (ASI), me he planteado esta cuestión a menudo. Y la respuesta no debería ser tan complicada. Lo que percibo, y en parte también lo que siento, es que la gente no quiere saber de tecnicismos, sino que se cumplan las leyes, y si estas no están en concordancia con la gravedad del delito, entonces que se modifiquen. Pero ¿realmente es así de sencillo?
La judicatura, por su parte, aduce que su función consiste en aplicar la justicia y que a veces se les exigen cuestiones que van más allá de sus competencias. Cierto; ellos aplican la ley, la misma que presentan y aprueban los políticos; políticos, a su vez, que nosotros hemos votado. En todo caso, lo que podemos exigirles a los jueces es rigor en el cumplimiento de su trabajo.
¿Quizá debiéramos cambiar las leyes? Pues es probable que en algunos casos podría ser necesario y beneficioso. En el caso que me ocupa, o sea los ASI, nos encontramos con un delito que prescribe a los 15 años. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de lo que sucedió en nuestra infancia, si es que lo hacemos alguna vez, sucede muchos años después de que se haya cometido el delito, cuando ya somos adultos y hemos superado muchos obstáculos. Si en el camino de nuestras reivindicaciones está la denuncia, que además debería ser nuestro derecho, una buena parte de afectados comprobamos que ya no estamos a tiempo para hacer uso de él.
Una vez llegados a este punto también debemos preguntarnos ¿vale la pena denunciar? Si la pregunta me la hicieran directamente a mi estaría obligado a ser consecuente, y por lo tanto diría que formo parte de ese amplio porcentaje que no llegó a tiempo, pero que tampoco lo hubiera hecho en caso de estar dentro del plazo. Mi opción ha sido la denuncia social. Sin embargo considero que todas las personas deben tener garantizado este derecho, y no sólo por lo que respecta al posible denunciante, sino también por lo que atañe al agresor que, en el caso de los abusos sexuales, ha actuado siempre con una impunidad casi absoluta. Va siendo hora que modifiquemos esta lamentable realidad.
